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Violencia ciudadana en Bogotá: la inseguridad de las cifras.

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Autor: Miguel Andrés Fierro Pinto.

Editor: Germán Sarmiento.

 Imagen

 

Foto: Tomada de http://www.cambio.com.co

La llegada de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá marcó un hecho histórico en la historia de Colombia no sólo porque se convirtió en el primer ex guerrillero en ser elegido para el segundo cargo más importante del país, sino que lo hizo prácticamente sólo, venciendo a la Unidad Nacional Santista, al Uribismo y a sus excompañeros del Polo-Democrático. Sin embargo, fue electo con el porcentaje de votos más bajo de los últimos 20 años (31 por ciento), reflejando así la polarización de la ciudadanía en torno a su nombre.

Petro propuso en campaña un nuevo “modelo” de ciudad que rompiera con el continuismo del modelo Peñalosa que según él, se sostuvo por el Polo. La instauración de un gobierno verdadero de izquierda se hizo sin escuchar otros sectores políticos, creyendo que por ser elegido por una minoría debería gobernar para esa minoría y no para las mayorías. En pocos meses, hechos cómo  la prohibición de las corridas de toros, el holding de las empresas públicas, los desórdenes contra Transmilenio y la incapacidad de hacer acuerdos para tener mayorías en el Concejo; hicieron que su luna de miel con la opinión durara muy poco. Ya para abril de 2012, según la encuestadora “Colombia Opina”, la imagen desfavorable del burgomaestre era del 49 por ciento.

 

Sin embargo, la única política pública que contaba con cierta popularidad en amplios sectores de la sociedad fue la de la restricción al porte de armas, incluyendo las que tienen salvoconducto. Para evitar la vulnerabilidad de los ciudadanos, la Alcaldía Mayor propuso  que para complementar el desarme, la Fiscalía y la Policía hicieran controles periódicos en las zonas neurálgicas de la ciudad y se aumentara el pie de fuerza en la ciudad. Sin embargo, varios analistas insitían en que para que fuera exitosa la ley de desarme, habría que prestar atención al mercado negro de las armas ilegales ya que estas son responsables del 90 % de las muertes en la ciudad.

Rápidamente, la Alcaldía empezó a mostrar con cifras las bondades de la política de desarme y aunque en un principio se planteó para un período corto, terminó extendiéndose indefinidamente. El modelo de seguridad que Petro propuso en su campaña hablaba de involucrar a la ciudadanía en la política de seguridad, ejerciendo control sobre la policía y a su vez colaborando con ella para combatir la inseguridad y el crimen organizado. Sin embargo, cómo ha pasado con la mayoría de sus propuestas, buena parte de la ciudadanía no ha podido entender del todo el modelo de alcaldía “petrista”.

En diciembre de 2012, el comandante de la policía metropolitana de Bogotá, Luis Eduardo Martínez, y el secretario  de Gobierno, Guillermo Asprilla afirmaban que la taza de homicidio de Bogotá era la más baja de los últimos 29 años – (14,4 homicidios por 100.000 habitantes-. Si bien Bogotá tiene una de las tasas más bajas del país en cuanto a índices de homicidios, esta no se ha logrado reducir a cifras de un dígito. El desarme ha sido importante más no suficiente, porque la estrategia no ha venido de la mano de políticas más efectivas en torno al respeto y a la convivencia. Uno de los principales problemas de Bogotá es que existe una alta conflictividad social que se traduce en riñas en los barrios, donde deberían ser más efectivos los mecanismos de resolución conflictos de los problemas comunes.

Sin embargo, la Policía y la Alcaldía han centrado su política de seguridad en combatir los asesinatos y no en controlar otros delitos cómo robos en lugares públicos, riñas y los continuos paseos millonarios en taxis y buses. La calle para los ciudadanos dejó de ser un territorio de ocupación para ser uno de exposición. Hay una gran distancia en lo que entiende el gobierno distrital por seguridad y lo que sienten los ciudadanos y lo que reflexionan los expertos en seguridad ciudadana.

Cuando el pasado mes de abril, el periódico alemán Bild, manifestó que Bogotá era una de las ciudades más inseguras del mundo, el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro manifestó que el artículo era calumnioso porque no tenía en cuenta que los homicidios habían bajado a una cifra sin precedentes. Por otro lado, la encuesta de “Colombia Opina”, en el pasado mes de abril decía que el 31% de los ciudadanos estaba en desacuerdo con las políticas de seguridad de la alcaldía.

El asesinato del agente de la OEA James Terry Watson en junio pasado,  visibilizó las carencias en las políticas de seguridad de la administración Petro, a pesar de los logros en la baja de los homicidios. El presidente Santos afirmó que este hecho “borró de un plumazo todos los esfuerzos que estamos haciendo para bajar los homicidios en Bogotá. La gente va a decir que si eso le paso a un agente de la DEA que le pasará a los demás”.

Pese a que los responsables fueron encontrados en tiempo récord, el hecho de que el homicidio fuera en un taxi público puso en evidencia que los ciudadanos se sienten expuestos en algunos lugares en el que se impone la ley del más fuerte. La Alcaldía de Bogotá, a raíz de muchos de estos hechos empezó a crear mesas de trabajo con los taxistas para evitar la inseguridad en este servicio público. Quizá sea un primer paso para que la seguridad en Bogotá sea una articulación verdadera entre Policía, Alcaldía y ciudadanos. Porque estos últimos no sólo quieren delegar a la Fuerza Pública su tranquilidad sino facilitar a través de la acción su propia seguridad.  

 

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